Salvatore Mancuso, ex cabecilla de las AUC y ahora en proceso de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha fijado su posición en respuesta a la tutela interpuesta por la Procuraduría, la cual busca revocar su aceptación en dicha jurisdicción.
La Procuraduría presentó una extensa argumentación de más de 400 páginas, alegando que la admisión de Mancuso en la JEP vulnera diversos derechos. En contraparte, Mancuso ha respondido con un documento de 34 páginas, argumentando que su tránsito de una jurisdicción a otra no afecta las garantías de las víctimas del paramilitarismo, sino que respeta el debido proceso de todos los involucrados, incluidas las víctimas.
Uno de los puntos centrales de la disputa es si la JEP tiene competencia sobre exparamilitares, ya que la Procuraduría sostiene que esto vulnera principios legales y de juez natural. Mancuso, por su parte, insiste en que la JEP es la mejor opción para garantizar la justicia en los más de 65 mil crímenes que se le atribuyen.
La tutela de la Procuraduría argumenta que el sometimiento de Mancuso a la JEP fue inconstitucional y señala irregularidades que, según ellos, justificarían revertir esa decisión. Sin embargo, Mancuso cuestiona la legitimidad de estos argumentos, especialmente en un contexto donde aún no se ha resuelto la competencia entre la JEP y Justicia y Paz para conocer los crímenes del paramilitarismo.
En última instancia, tanto para Mancuso como para las víctimas, la JEP representa la mejor opción para evitar la impunidad y avanzar en la resolución de miles de crímenes pendientes, los cuales podrían tardar casi un siglo en ser juzgados en el marco de Justicia y Paz.